El
martes 30 de marzo de 2010 una de las galerías de la romana Domus Aurea, la
villa del emperador Nerón, se derrumbó. La noticia dio la vuelta al mundo. Las
autoridades lo atribuyeron a las abundantes lluvias, aunque la dificultad de
Roma para mantener su más que extenso patrimonio, sobre todo en tiempos de
crisis, parece estar detrás de este accidente.
Las ruinas estaban cerradas al público para
ser sometidas a una restauración, para la que fueron otorgados cerca de dos
millones de euros con el objetivo de recuperar parte de la Domus Aurea. Las
limitaciones presupuestarias impidieron durante décadas la conservación
adecuada del enorme conjunto, afectado por grietas y humedad.
El problema es que no es necesario irse a Italia: también en España
son numerosos los casos en los que el arte está amenazado por falta de
inversión en su conservación. Las
murallas de Toledo y de Cáceres –Patrimonio de la Humanidad– se derrumbaron
hace unos días. El peligro acecha también a santuarios, como el gallego de As
Ermidas; castillos, como el de Obano, en Aragón, o torres, como la de la
desaparecida iglesia vallisoletana de San Juan de Tamariz de Campos. Y en
Canarias muchos de sus restos arqueológicos están en peligro.
Nuestro país invertía nates de la crisis 1.864 millones de euros anuales
en la preservación de sus bienes históricos que ya entonces eran insuficientes,
porque con un patrimonio tan extenso, todos los recursos económicos siempre son
escasos.
Se hace necesario buscar nuevas fórmulas de gestión para que este
tesoro genere una rentabilidad que permita conservarlo
La Fundación Caja Madrid, en la presentación del estudio Conservación
del patrimonio histórico en España realizó un análisis económico al respecto
que presentó en 2009[1] con los
siguientes datos destacables:
- Sólo 105.000 bienes son los que formalmente están protegidos y reciben
atención por parte de las administraciones públicas, según un estudio llevado a
cabo por la Universidad de Granada, el resto, una cifra de la que no existen
estimaciones, pero que es muy superior, no recibe ningún tipo de ayuda.
- El turismo cultural es la principal –aunque no la única– fuente de
rentabilización económica de estos bienes, una fórmula que genera, al menos,
2.500 millones de euros.
- El estudio muestra que la aportación de esta actividad a la economía
de al menos cuatro comunidades autónomas –Cantabria, Extremadura, Asturias y
Castilla-La Mancha–, está muy por encima del esfuerzo que sus respectivas
administraciones realizan en la conservación y puesta en valor de su patrimonio
histórico.
- El sector público es el máximo responsable de la preservación del patrimonio,
ya que aporta el 91% del gasto total, mientras que el esfuerzo realizado por el
sector privado –Iglesia, fundaciones, particulares y empresas– se limita al 9%
restante. La Administración Central es la que destina más recursos –el 40%–, y
le siguen Comunidades Autónomas, con el 31%, y las corporaciones locales, con
el 29%.
- El informe destaca que Castilla-León, Navarra y Aragón son las tres
regiones que realizan un mayor esfuerzo en la preservación de sus bienes
históricos, mientras que Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana
–junto a Baleares y Canarias– muestran los valores más bajos.
- Además, el estudio mira fuera al exterior y compara el esfuerzo de las
administraciones españolas con el que realizan países como Portugal, Francia e
Italia.
- Estos dos últimos son las que dedican un mayor volumen de recursos, aunque en relación a su respectivo gasto
público total, es España la que ocupa la primera posición, seguida por
Portugal, Francia e Italia.
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